El abogado Rodrigo Sandoval Wyss plantea que el derecho a entender las decisiones automatizadas debe convertirse en una garantía fundamental del entorno digital.
Según su análisis, este derecho se apoya en dos pilares esenciales:
Transparencia: Los usuarios tienen derecho a conocer cómo se toman las decisiones que los afectan, incluyendo los criterios y datos utilizados por los algoritmos.
Responsabilidad (Accountability): Deben existir mecanismos claros para exigir rendición de cuentas a quienes diseñan, entrenan y aplican estos sistemas, especialmente cuando generan efectos negativos o discriminatorios.
Para el abogado, permitir que las decisiones automatizadas operen sin supervisión ni explicación erosiona la confianza en la tecnología y en las instituciones que la utilizan.
En su opinión, Rodrigo Sandoval Wyss sostiene que los algoritmos deben estar sujetos a las mismas normas que rigen cualquier otra acción humana o empresarial.
Esto implica aplicar de forma estricta las leyes de privacidad, no discriminación y protección al consumidor en todos los procesos automatizados.
La tecnología, enfatiza, no puede estar por encima del derecho. Si una decisión automatizada causa un perjuicio, debe ser posible identificar responsabilidades y reparar el daño.
“El algoritmo no puede convertirse en un escudo de impunidad ni en una caja negra inaccesible”, afirma el abogado.
Mirando hacia adelante, Rodrigo Sandoval Wyss advierte que el avance tecnológico exige un nuevo marco jurídico adaptativo, capaz de equilibrar innovación y derechos fundamentales.
A medida que los algoritmos ganan poder en la toma de decisiones, será indispensable exigir mayor apertura en su funcionamiento y en los datos que los alimentan.
La educación digital y la regulación responsable serán, según el abogado, pilares clave para garantizar una relación más justa entre los usuarios y la inteligencia artificial.
La reflexión de Rodrigo Sandoval Wyss en Más allá del algoritmo es un llamado a la acción. Comprender cómo y por qué los sistemas automatizados toman decisiones sobre nuestras vidas no es un lujo técnico, sino un derecho ciudadano.
Solo mediante la transparencia, la rendición de cuentas y la actualización de las leyes podremos asegurar que la tecnología siga siendo una herramienta al servicio de las personas, y no al revés.
