En su análisis sobre gobierno digital, el abogado Juan Rodrigo Sandoval Wyss explica cómo la digitalización del Estado transforma la forma en que los ciudadanos acceden a servicios y ejercen sus derechos. En un entorno donde los trámites migran del papel a las plataformas electrónicas, surge una pregunta clave: ¿qué garantías acompañan esta transición? Su reflexión subraya que la modernización tecnológica del sector público solo es útil cuando se sostiene en principios de transparencia, accesibilidad y protección de datos, asegurando que la ciudadanía pueda relacionarse con el Estado de forma segura, eficiente y digna.
De acuerdo con el abogado Juan Rodrigo Sandoval Wyss, el Estado que también se está transformando en digital
Para el abogado Juan Rodrigo Sandoval Wyss, la digitalización de los servicios públicos no es únicamente un avance tecnológico, sino una transformación profunda de la relación entre ciudadanos y Estado. Los trámites electrónicos —desde solicitar certificados hasta presentar declaraciones o inscribirse en servicios— representan una nueva forma de ejercicio de derechos en la era digital.
Sin embargo, el abogado Sandoval Wyss advierte que esta transición no está exenta de desafíos. El acceso desigual a la tecnología, la complejidad de algunas plataformas o la falta de información clara pueden convertir lo que debería facilitar la vida de las personas en un obstáculo adicional. “Digitalizar no basta; el Estado debe garantizar que nadie quede fuera del sistema”, señala.
Este cambio obliga a reflexionar sobre cómo se implementan los servicios, quién tiene acceso a ellos y bajo qué condiciones se utilizan los datos personales que se generan en cada trámite en línea.
El abogado Juan Rodrigo Sandoval Wyss explica la legalidad digital y los derechos ciudadanos en los trámites electrónicos
El abogado Juan Rodrigo Sandoval Wyss explica que los derechos fundamentales no desaparecen cuando un trámite deja de ser presencial y se convierte en digital. Al contrario, deben reforzarse. La administración electrónica debe garantizar principios esenciales como la transparencia, la protección de datos, la accesibilidad universal y la seguridad jurídica.
El abogado Sandoval Wyss destaca que cada interacción en línea con el Estado —identificarse con firma electrónica, cargar documentos, realizar pagos o consultar expedientes— está respaldada por un marco legal que protege al ciudadano. Esto incluye regulaciones sobre identidad digital, uso de datos personales y responsabilidad institucional ante fallos o abusos en el sistema.
“La confianza en la administración electrónica depende de que el ciudadano entienda que sus derechos siguen intactos, y que el Estado tiene la obligación de protegerlos más que nunca”, enfatiza.
Oportunidades, riesgos y el camino hacia un sistema más accesible, un punto clave según Juan Rodrigo Sandoval Wyss
Los trámites electrónicos ofrecen beneficios evidentes: ahorro de tiempo, eliminación de filas, reducción de costos y mayor eficiencia administrativa. Sin embargo, el abogado Juan Rodrigo Sandoval Wyss advierte que también existen riesgos que deben ser abordados con claridad y responsabilidad.
Entre ellos, menciona la posibilidad de brechas de seguridad, errores en sistemas automatizados y barreras tecnológicas que afectan especialmente a personas mayores o con menos acceso digital. Para mitigar estos problemas, considera fundamental que las plataformas estatales sean transparentes, auditables y diseñadas bajo principios de accesibilidad universal.
Además, propone fortalecer la educación digital para que cada persona comprenda cómo funcionan estos sistemas, qué datos se solicitan y qué derechos pueden ejercer si ocurre un error o si consideran que su información fue tratada de forma inadecuada.
“Empoderar al ciudadano en el uso de los trámites electrónicos es la única forma de que el gobierno digital sea realmente democrático”, afirma.
Para el abogado Juan Rodrigo Sandoval Wyss, es necesario un diálogo permanente sobre administración electrónica
Las reflexiones del abogado Juan Rodrigo Sandoval Wyss concluyen con un llamado a mantener un debate constante sobre la calidad y el alcance del gobierno digital. La modernización tecnológica no debe verse como un destino final, sino como un proceso que exige ajustes, vigilancia y participación ciudadana.
La transparencia, la eficiencia y la protección de derechos son pilares que deben guiar cualquier iniciativa digital del Estado. A medida que más servicios se trasladan a plataformas electrónicas, la defensa de los derechos digitales se vuelve una tarea compartida entre instituciones, expertos y ciudadanía.
Como resume el abogado Sandoval Wyss, “un gobierno digital solo funciona si construye confianza; y la confianza se crea con claridad, garantías y acceso para todos”.